El PSOE pide que el Partido Popular sea juzgado como partícipe en la operación Kitchen
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se ha personado como acusación popular en el caso Kitchen, ha solicitado por segunda vez que el Partido Popular (PP) sea juzgado como partícipe a título lucrativo de esta operación parapolicial de espionaje al extesorero del partido, Luis Bárcenas. Argumentan que el PP fue el principal beneficiario de este operativo, que se financió con dinero público, por lo que deben responder económicamente por ello. El PP acumula tres condenas por esta figura legal debido a su implicación en la trama Gürtel.
En el nuevo escrito presentado por el PSOE, se concluye que el partido conservador se benefició de la operación Kitchen en dos aspectos. Por un lado, dificultó la acción de la justicia al intentar impedir que se llegara a la Audiencia Nacional información comprometedora sobre la financiación irregular del partido que se estaba investigando en el caso Gürtel. Por otro lado, los altos cargos de Interior que promovieron la operación desviaron fondos y recursos públicos para financiarla, lo que permitió al partido ahorrar los costes que habría implicado poner en marcha un operativo de estas características.
El PSOE no ha cuantificado la cantidad por la que el PP debería responder, ya que no solo se desviaron fondos reservados, sino que también se utilizó personal policial para llevar a cabo el espionaje. Al menos 15 agentes participaron en la operación sin conocer su ilegalidad, aunque la Fiscalía eleva esta cifra a 70. Por tanto, los socialistas solicitan que el Ministerio del Interior certifique el coste de estos recursos humanos utilizados en la operación para reclamarlo al PP, junto con los fondos reservados desviados.
Esta no es la primera vez que el PSOE pide que el PP sea juzgado como partícipe en el caso Kitchen. Sin embargo, el juez Manuel García-Castellón rechazó esta petición en el reciente auto de apertura de juicio oral, argumentando que la solicitud se había presentado por primera vez y una vez concluida la causa, sin concretar la cuantía ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad. El juez estableció una responsabilidad civil subsidiaria para la Administración General del Estado en caso de condena de los investigados.
En el auto mencionado, García-Castellón impuso fianzas por responsabilidad civil a varios procesados, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, su exnúmero dos Francisco Martínez, el comisario Eugenio Pino, el comisario José Manuel Villarejo y el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, entre otros. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación contra ocho procesados, solicitando penas de prisión que varían entre 2 años y medio y 19 años.
Esta nueva petición del PSOE evidencia la tensión existente entre los dos principales partidos políticos de España y el proceso judicial que busca esclarecer los hechos relacionados con la operación Kitchen. El caso sigue generando polémica y se espera que el juicio oral arroje luz sobre los implicados y las responsabilidades económicas y penales que deberán asumir.
Resumen de la noticia
– El PSOE pide por segunda vez que el PP sea juzgado por el caso Kitchen.
– El PSOE argumenta que el PP se benefició de la Operación Kitchen al dificultar la acción de la justicia y al financiarla con dinero público.
– El PSOE solicita que se cuantifique el costo de los recursos humanos utilizados en el espionaje y que esa cantidad también se reclame al PP.
– El juez García-Castellón rechazó la petición del PSOE en su auto de apertura de juicio oral.
– La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación con penas más bajas que las solicitadas por Bárcenas y Podemos.
