El sistema de justicia en España necesita reformas urgentes
Cuando se habla de sistema de justicia, la doctrina suele diferenciar dos ámbitos: el poder judicial, esto es, el desarrollo de las competencias jurisdiccionales, que correspondería a jueces y magistrados, y al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno; y la administración de la Administración de justicia, que tiene que ver con la gobernanza del sistema y, en concreto, la gestión de infraestructuras, tecnologías de la información y personal no judicial, responsabilidad del Ejecutivo. Si bien el primer ámbito está presente en la conversación pública, el segundo no ha tenido, incomprensiblemente, demasiada presencia en la arena política partidista ni mediática.
Problemas estructurales en el sistema judicial español
Una simple exploración del sistema descubre importantes problemas estructurales: la falta de personal judicial y su alta movilidad, el colapso en muchos juzgados, la escasez de oficinas de atención a las víctimas o las dificultades en la digitalización, por poner algún ejemplo. Ahora bien, esta carencia de recursos no acaba de casar con los indicadores presupuestarios. Actualmente, el ministerio y las comunidades autónomas con competencias transferidas destinan unos 4.200 millones anuales a la justicia.
Reformas necesarias en el sistema judicial español
En primer lugar destaca la necesidad de reformas organizativas: el modelo decimonónico de juzgados unipersonales, cuyo titular trabaja solo y sobre un amplio abanico de asuntos, va siendo reemplazado por una mayor especialización, un trabajo colaborativo y la mancomunación del apoyo judicial. Y con mayor proximidad en la primera atención y los trámites sencillos.
En segundo lugar, la imprescindible digitalización, aún no complementada, no puede limitarse al hecho de trabajar con expedientes electrónicos y acceso a comunicaciones on line: se requiere transformar la propia manera de trabajar y de relacionarse entre los operadores y con la ciudadanía.
En tercer lugar, apostar por devolver el conflicto a las partes. Esta apuesta requiere de estrategias de amplio espectro, desde fomentar la acción comunitaria y la construcción de una ciudadanía densa que pueda facilitar la gestión de ciertos conflictos sociales, al desarrollo de la mediación y otros sistemas alternativos para su resolución en ámbitos tan distintos como el familiar, el empresarial o el administrativo. Un cambio cultural de enorme envergadura.
En cuarto lugar, en un contexto de complejidad y especialización crecientes se requiere de equipos psicosociales, criminológicos y forenses que acompañen a las víctimas y asesoren a los operadores. Algunos de ellos deberán trabajar, o hasta conformarse, en colaboración con otros ámbitos sectoriales y niveles institucionales.
Y, finalmente, ha llegado el momento de repensar la demarcación y la planta. La circunscripción judicial que hoy tenemos se fundamenta en la dibujada hace casi dos siglos, cuando íbamos a pie o en carro y no existía la estructura urbana actual. Explorar la superación de las fronteras de algunos partidos judiciales para aumentar el porcentaje de ciudadanía atendida por los juzgados especializados en violencia sobre la mujer puede ser un primer paso para una profunda reorganización territorial del sistema.
La importancia de abordar las reformas con valentía y ambición
Un buen funcionamiento de la justicia es básico para una sociedad convivencial, cohesionada y segura, e imprescindible para el dinamismo de la economía productiva. Si queremos caminar en esa dirección, resulta indispensable abordar las reformas y transformaciones del sistema con valentía y ambición. Y con radicalidad: ir a la raíz del problema.
Albert O. Hirschman exponía que frente a escenarios de cambio de época surgen pulsiones conservadoras que se pueden sintetizar en tres tesis: perversidad, futilidad y riesgo. La tesis de la perversidad del cambio apunta a la lógica de la fatalidad. Parte de la idea de que todo cambio empeora la situación de partida, interpretación que llevaría a forjar estrategias de inmovilismo y resistencia. Pero las dimensiones de cambio de época pueden ser leídas también como coordenadas de mejora y progreso, de adaptación de un sistema a su tiempo.
Gemma Ubasart González es profesora de Ciencia Política de la Universitat de Girona y exconsejera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat de Cataluña.
Resumen de la noticia
– La justicia se divide en dos ámbitos: el poder judicial y la administración de justicia.
– A pesar de la inversión en la justicia en España, aún existen importantes problemas estructurales como la falta de personal judicial y la escasez de oficinas de atención a las víctimas.
– Es necesario implementar reformas organizativas en los juzgados para aumentar la especialización y la colaboración entre los operadores.
– La digitalización de la justicia debe ir más allá de tener expedientes electrónicos y acceso en línea, transformando la manera de trabajar y relacionarse.
– Se requiere apostar por devolver el conflicto a las partes, desarrollar equipos psicosociales y forenses, y repensar la demarcación y la planta judicial para adaptarlas a la actualidad.
