febrero 24, 2024
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Inmigrantes llegados a las Islas Canarias no reciben asistencia legal ni intérpretes cuando son detenidos. Se estima que más de una veintena de senegaleses que han llegado a El Hierro o Tenerife durante las últimas tres semanas, no han tenido acceso a un abogado, según han informado a EL PAÍS. A pesar de que los migrantes tienen derecho a defensa legal, la situación de emergencia en las islas ha llevado a que se ignore este derecho fundamental. Incluso en Tenerife, los migrantes no son convocados por la policía, lo que impide que se les asigne un abogado. Además, hay una falta de intérpretes suficientes, lo que dificulta la comunicación entre los abogados y los migrantes. La falta de asistencia jurídica adecuada impide que los abogados puedan informar a los migrantes sobre sus derechos, incluyendo el derecho a solicitar asilo. La falta de abogados también dificulta la identificación de menores de edad y evita que se tomen medidas para separarlos de los adultos en los campamentos de migrantes. La situación es especialmente preocupante, ya que algunos migrantes podrían tener perfiles claros de refugiados y ser inexpulsables, lo que significa que no se les debería abrir un expediente de devolución. A pesar de que el Ministerio del Interior asegura que se están incoando los procedimientos de devolución, muchos migrantes no están recibiendo la notificación correspondiente. Esta situación, sumada a la falta de espacio en las instalaciones policiales debido al constante flujo de llegadas, ha llevado a escenas como el desalojo de un garaje de una comisaría en Lanzarote para dar lugar a más migrantes detenidos. La falta de asistencia legal y la falta de notificación de los procedimientos de devolución reducen las garantías para los migrantes y dificultan su capacidad de recurso.

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Resumen de la noticia

Resumen:

1. Los migrantes y refugiados que llegan a las Islas Canarias no tienen acceso a abogados ni asistencia jurídica.
2. La falta de asistencia jurídica viola el derecho fundamental de los detenidos.
3. Los abogados de oficio que atienden a los migrantes reciben una tarifa muy baja y a menudo no se dedican adecuadamente a sus casos.
4. La falta de intérpretes dificulta la comunicación entre los abogados y los migrantes.
5. La falta de notificación de la orden de devolución y la falta de entrega del acuerdo de devolución reducen las garantías legales para los migrantes.

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