Fiscales generales en España: entre críticas y defensa de la autonomía
Desde la promulgación de la Constitución Española de 1978, 17 personas —14 hombres y 3 mujeres— han desempeñado la responsabilidad de ser fiscal general del Estado. Ninguno de ellos se ha salvado de ser objeto de importantes censuras durante su mandato. De hecho, en el mundo jurídico circula la broma (o no tanto) de que las responsabilidades públicas más difíciles en España, en el sentido de ser objeto de furibundas críticas, incluidas las más arbitrarias e irracionales, son tres: presidente del Gobierno, entrenador de la selección nacional de fútbol y fiscal general del Estado.
Las críticas y el contexto constitucional
¿Dónde nace ese lastre que arrastra cada fiscal general desde el día siguiente a su toma de posesión? Sin ninguna duda, del artículo 124.4 de la Constitución, que recoge: “El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. La vinculación, en cuanto al nombramiento, del fiscal general con el Gobierno se convierte en la justificación de toda crítica a las decisiones acertadas o desacertadas que haya tomado cualquier fiscal general. Casi 46 años después de promulgado nuestro texto constitucional, ya podemos decir que hay una insatisfacción generalizada en el ámbito social, en el ámbito político y también en el jurídico en lo relativo a la forma de nombramiento del fiscal general.
La defensa de la autonomía y la modernización
Desde hace un tiempo, sin embargo, se vislumbran nubes muy negras en el ecosistema judicial. Seamos claros a las/los fiscales no nos preocupa que en un asunto concreto el tribunal no asuma nuestro criterio, ni tampoco nos alarma el hecho de que en un asunto con trascendencia mediática el dictamen del fiscal sea criticado por los medios de comunicación. Cuestión distinta es, sin embargo, que como forma de presionar y castigar a un fiscal por su actuación en un caso concreto, se haga escarnio de su apariencia física, se dude públicamente de su solvencia profesional aunque venga acreditada con una trayectoria incuestionable, o, incluso, se insinúe sin ambages y sin contar con base alguna que ese fiscal sirve a oscuros intereses políticos.
En los últimos tiempos, tres fiscales, grandes profesionales, han vivido estas experiencias que, aquí viene lo verdaderamente importante, no solo son injustas y desagradables para ellos, sino que van dirigidas a torpedear el funcionamiento de una institución fundamental para la justicia en España. Los fiscales tenemos que estar unidos para defender la autonomía que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir y cuyas cotas queremos ampliar; solo estando unidos seremos realmente fuertes. Por último, la sociedad debe saber que las y los fiscales no servimos intereses políticos, que nuestros únicos principios son el de legalidad e imparcialidad; que la institución está dotada de un sistema de pesos y contrapesos que funciona y es eficaz; que tenemos mecanismos legales que nos permiten denunciar presiones si las hubiera y que por ende esa confianza que han depositado en nosotras/os y que percibimos no va a ser defraudada. Que el ruido y la furia no les confunda. Estamos por y para la sociedad.
Un llamado a la defensa de la autonomía judicial
En resumen, la figura del fiscal general del Estado en España ha enfrentado diversas críticas y desafíos a lo largo de los años. Sin embargo, la defensa de la autonomía y la modernización de la institución del ministerio fiscal han sido pilares fundamentales para su fortalecimiento. Es imperativo que la sociedad y los partidos políticos reconozcan la importancia de mantener la independencia de los fiscales para garantizar el correcto funcionamiento de la justicia en el país.
Resumen de la noticia
1. Desde la promulgación de la Constitución Española de 1978, 17 personas han sido fiscales generales del Estado.
2. La crítica hacia los fiscales generales proviene de la vinculación en su nombramiento con el Gobierno.
3. A pesar de las críticas, la institución del ministerio fiscal ha aumentado su prestigio y autonomía.
4. Se han vislumbrado nubes negras en el ecosistema judicial debido a presiones injustas hacia fiscales.
5. Los fiscales defienden la autonomía, legalidad e imparcialidad de la institución y están unidos para fortalecer su posición.
